martes, 17 de abril de 2007

Inauguran nueva planta de Biodiesel en Jaén con inversión millonaria

La planta de biodiésel ubicada en las antiguas instalaciones de Azucareras Reunidas de Jaén, situada en la ciudad jiennense de Linares, se pondrá en marcha dentro de diez días, en concreto, a partir del próximo 26 de abril.

En declaraciones a Europa Press, el director de Agricultura de Azucareras, Antonio Delgado, explicó que tienen el objetivo de sembrar el "máximo cultivo de colza" como una de las materias primas con las que trabajarán, de tal modo que si ahora hay unas 2.000 hectáreas de colza su intención es que este cultivo llegue a superar las 50.000 hectáreas.

Delgado recordó que la colza dejó de cultivarse en la década de los 80 después del "desastre" tras la adulteración de aceites, si bien destacó la apuesta actual por que se reanude su uso con fines industriales, aspecto sobre el que afirmó tener "buenas vibraciones".

Con respecto al proyecto sobre la planta de biomasa, el director de Agricultura indicó que todavía están pendientes de que salga el decreto sobre las primas nacionales.

La planta de biodiésel tendrá una capacidad de producción de 100.000 toneladas al año a partir de materias primas como el aceite de colza, palma, girasol y soja. Así, se destinará a la fabricación y comercialización de productos biocarburantes y de sus subproductos derivados del aceite y biomasas en general y ha supuesto una inversión de 23,5 millones y la creación de unos 25 puestos de trabajo.

Los orígenes de este proyecto se remontan a la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del azúcar, tras la que Azucareras Reunidas de Jaén (ARJ) presentó un plan de reestructuración que implicó la renuncia de su cuota.

Esa renuncia le supuso el ingreso de 27,5 millones de euros, de los que 24,8 millones fueron para la empresa y los 2,7 millones restantes para agricultores y contratistas.

Ante este panorama, en julio de 2006 se aprobaron los planes de reestructuración, incluido el de la ARJ. En ese momento se estableció un plazo para el desmantelamiento y restablecimiento de las condiciones medioambientales de 16 meses y un plazo máximo para un plan social que contempla dos años para la recolocación de la plantilla y tres años para la inserción laboral.


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